1/1/13

Argentina sin Juicios por Jurado

Por el Dr. Carlos P. Pagliere (h.)

Dr. Carlos P. Pagliere (h.)
Director, autor y editor de “Argentina sin Juicios por Jurado
Autor de todos los artículos publicados en el presente sitio web
Juez del Tribunal Oral Criminal N°2 de Azul, Buenos Aires, Argentina
Autor del libro Homicidio insidioso y del tratado Nueva teoría del delito (en 15 tomos)

El sistema de juicio por jurados es el más antidemocrático, antirrepublicano y antiliberal de Occidente. El jurado no es el pueblo ni ha sido elegido por el pueblo: son doce personas carentes de legitimidad que surgen de un sorteo en el padrón electoral. El jurado condena y absuelve arbitrariamente, sin dar ninguna explicación al imputado, a la víctima (o sus familiares) ni a la sociedad en general, lo cual se riñe con la transparencia y racionalidad que deben exhibir los actos de gobierno y lo hace absolutamente inconstitucional. El sistema es primitivo, retrógrado y oscurantista, porque desprecia todo un siglo de moderna ciencia penal para poner el juzgamiento en manos de ciudadanos que, aunque sean muy inteligentes y brillantes en lo suyo, no han sido capacitados para juzgar (y nadie examina su aptitud mental), siendo posible que se le pasen cosas por alto y dicten su veredicto incurriendo en un error judicial. Los miembros del jurado carecen de la experiencia necesaria en los estrados judiciales y resultan más permeables a la manipulación, corriéndose el peligro de que decidan con sentimentalismo, ceguera irracionalidad. El sistema es lento, caro y fracasado en el mundoNo sólo perjudica a la población y perturba la administración de justicia, sino que también discrimina a las víctimas de delitos y puede poner en riesgo la integridad física o psíquica de los miembros del jurado. Los peligros del juicio por jurados son evidentes y sus beneficios un fantasioso mito, por lo que no sorprende que mayormente sean promovidos por procesalistas extremados y divulgadores ingenuos, y normalmente sean rechazados por los abogados, magistrados y juristas más destacados. 
Hoy y siempre: ¡Argentina sin juicios por jurado!

argentinasinjuiciosporjurado@gmail.com
Para empezar:

31/7/17

Juicio por jurados y corrupción

Por Argentina sin Juicios por Jurado
  
Iñaki Urdangarin (marido de la infanta Cristina de Borbón que fuera acusado de delitos de corrupción) y Francisco Camps (político español del Partido Popular absuelto por un jurado popular)

Algunos políticos y medios periodísticos han caído en la fácil tentación de proponer juicios por jurados para los delitos de corrupción. El razonamiento es más o menos el siguiente: ya que con los jueces letrados no hemos logrado demasiadas condenas, probemos con los jurados populares y tal vez la situación cambie.

Todos compartimos la enorme preocupación por los delitos de corrupción y, a la vez, a todos nos indigna que los pequeños ladrones acaben presos, mientras que los poderosos ladrones que defraudan al Estado en cifras astronómicas anden por la vida como grandes señores.

Pero el inconveniente, como siempre, no es tanto la identificación de cuál es el problema, sino dónde se encuentra. Y por eso, frecuentemente se equivoca la solución. El problema de los delitos de corrupción no se halla en el juicio oral, sino mucho antes, al momento de la investigación. Sea de forma deliberada o no, las causas de corrupción mueren sin llegar al debate oral.

La solución a este problema se debe buscar en la reestructuración de la justicia penal (aumentando cantidad de órganos judiciales, sobre todo en el fuero federal; creando órganos especializados en delitos de corrupción y despolitizando el nombramiento de los magistrados) y en la optimización de la persecución de los delitos (reduciendo los tiempos procesales; restringiendo las instancias recursivas; sancionando legalmente la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, etcétera).

En la medida en que no se reestructure la justicia penal ni se optimice la persecución de los delitos, las investigaciones se frustrarán y las causas por corrupción prescribirán, sin que se llegue a la etapa de juicio oral. De modo que ninguno de los problemas de la justicia penal a la hora de investigar y perseguir los delitos de corrupción pueden ser solucionados con el juicio por jurados.

Ahora bien, suponiendo que tengamos la fortuna de que alguna causa llegue a la etapa de debate, ¿el juicio por jurados traería algún beneficio? Indudablemente sí. ¡El juicio por jurados traería un enorme beneficio para el político corrupto! Por eso no es casual que entre estos políticos "se haya puesto de moda" pedir el juicio por jurados.

Ser juzgado por jurados es el sueño de todo político corrupto. ¿Por qué? Porque el juicio por jurados no es una justicia técnica en la cual los jurados brinden fundamentos de la condena o de la absolución, sino que es una justicia plebicitaria que condena por mayoría y sin explicar por qué.

Basta con que el político imputado (o el espacio político al que pertenezca) goce de la aprobación de un importante sector de la población para asegurarse la impunidad. No hay más que hacerse la siguiente pregunta: ese tercio de la población que vota por la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner a pesar de las serias denuncias de corrupción que pesan en su contra, ¿la condenaría en un juicio penal?

Teniendo en cuenta que la mayoría necesaria para obtener la condena en un juicio por jurados conforme las legislaciones vigentes en las provincias de Buenos Aires y Neuquén es, según el caso, de 10 de los 12 jurados o de la unanimidad de los 12 jurados, al político le bastaría con captar la simpatía de un jurado o un par de jurados para asegurarse la impunidad.

Esto es lo que ocurrió en España con el polémico fallo en el proceso contra Francisco Camps, político perteneciente a las filas del Partido Popular de la Comunidad Valenciana acusado por corrupción, que fue absuelto por el jurado popular con un voto totalmente dividido (de 5 contra 4) a pesar de la abrumadora prueba existente en su contra.

Alguno dirá: al menos, cuando los políticos caigan en desgracia para la población, con el juicio por jurados se podrían obtener condenas. ¡Craso error! El juicio por jurados, en todas las provincias, ha sido legislado (y sigue siendo legislado) como un "derecho del imputado" (que por cierto no lo es, pero así se ha declarado en los fundamentos de las leyes y así se ha reglamentado en los códigos procesales). Y como tal, es el acusado —y sólo el acusado— quien elige (conforme a su estrategia) por quién será juzgado.

Ahora pensemos juntos: si al político corrupto no le conviniera el juicio por jurados… ¿lo elegiría? Yo creo que no: sin lugar a dudas escogería un tribunal letrado. Por el contrario, si le conviniera... ¿lo rechazaría? Obvio que no. Como se ve, el juicio por jurados para los delitos de corrupción sólo brindaría una herramienta más para que, con encuestas en la mano, el político corrupto escoja lo que le dé más chances de procurar su impunidad.

A lo dicho hay que agregar que, en todas las legislaciones procesales, el veredicto absolutorio del jurado es irrecurrible, no así el condenatorio. De modo que si el político corrupto logra convencer a uno o dos jurados de los doce, no hay modo alguno de que su absolución sea revisada. Pero si no le va bien y es condenado, puede acudir a órganos superiores —conformados por jueces letrados— solicitando que se revoque la condena.

El juicio por jurados es un sistema retrógrado y oscurantista que no brinda justicia racional sino lo que podríamos llamar “justicia emocional”. Su aplicación para el juzgamiento de los delitos comunes cada tanto produce resoluciones desopilantes, ya que la tendencia de los jurados no es la de juzgar los hechos, sino la mayor o menor simpatía que les producen las personas que han sido imputadas, los abogados de las partes o las víctimas del delito. Aplicado a los casos de corrupción, a nadie le quepa la menor duda de que rápidamente se convertirá en una herramienta más a favor de la impunidad.

21/7/17

Una propuesta para la urgente reforma de la ley de juicio por jurados

Por Argentina sin Juicios por Jurado*

Legislatura de la Provincia de Buenos Aires
La Plata - Prov. de Bs. As. - Argentina

El juicio por jurados es el peor de todos los sistemas de juzgamiento penal existentes en el mundo, por lo que el mejor remedio sería derogarlo lo antes posible de la ley procesal penal bonaerense. Pero de mantenerse este procedimiento en la ley, al menos su reglamentación no debería ser discriminatoria para las víctimas (como lo es en la actualidad).

De hecho, en los últimos días, el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires ha anunciado que hará reformas de la ley de jurados orientadas a la protección y atención de las víctimas. Sería una excelente oportunidad para rever una serie de disposiciones normativas vinculadas al juicio por jurados que reflejan una deliberada discriminación procesal hacia las víctimas, así como privilegios indebidos en cabeza de los imputados de delitos.

Por el principio de igualdad constitucionalmente consagrado (art. 16, CN) resulta inadmisible que, en aplicación de espurias teorías garanto-abolicionistas del derecho penal o de arbitrarios criterios procesales, se conceda privilegios indebidos a los imputados en desmedro de las víctimas.

Expondremos, a continuación, una serie de reformas legales que aparecen como imperiosas:

REFORMA 1

En la reglamentación vigente el procedimiento de juicio por jurados es decidido unilateral y exclusivamente por el imputado (y la defensa) según sirva o no a su estrategia procesal. Es inadmisible que la fiscalía y la víctima (constituida como particular damnificado) estén excluidas en la decisión sobre la procedencia de este procedimiento y deban subordinarse a la conveniencia de la defensa.

En la actual ley de juicio por jurados, este procedimiento se erige en un privilegio para que el imputado escoja el juzgador que estima que le será más favorable para obtener su impunidad. La concesión de privilegios indebidos a una de las partes, se riñe con los principios básicos de justicia.

Por lo expuesto, sería muy beneficiosa la reforma del art. 22 bis del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires:


ARTÍCULO 22 BIS: (Artículo Incorpo­rado por Ley 14.543) El Tribunal de jurados conocerá en los delitos cuya pena máxima en abstracto exceda de quince (15) años de prisión o reclu­sión o, tratándose de un concurso de delitos, alguno de ellos supere dicho monto. 

En el plazo previsto en el artículo 336, el imputado, personalmente o por in­termedio de su defensor, podrá re­nunciar a la integración del Tribunal con jurados, en cuyo caso el Tribunal se conformará de acuerdo a lo esta­blecido en el artículo 22.

La renuncia deberá ser ratificada por el imputado en presencia del Juez, quien previamente le informará de las consecuencias de su decisión, y verifi­cará si fue adoptada libremente y sin condicionamientos.

Una vez firme la requisitoria de eleva­ción a juicio no podrá renunciarse al juicio por jurados, bajo pena de nuli­dad.

En caso de existir pluralidad de impu­tados, la renuncia de uno de ellos determinará la integración del Tribu­nal de conformidad a lo establecido en el artículo 22.



ARTÍCULO 22 BIS: (Texto según la reforma que se propone) El Tribunal de jurados cono­cerá en los delitos cuya pena máxima en abstracto exceda de quince (15) años de prisión o reclusión o, tratán­dose de un concurso de delitos, al­guno de ellos supere dicho monto. 


El procedimiento de juicio por ju­rados podrá ser solicitado por cualquiera de las partes en el plazo previsto en el art. 336, pero requiere la expresa conformidad del fiscal, del particular dam­nificado, del defensor y del imputado. Si cualquiera de ellos se opusiera, el Tribunal se confor­mará de acuerdo a lo establecido en el artículo 22.

En caso de existir pluralidad de imputados, la oposición de cual­quiera de ellos al juicio por jura­dos determinará la integración del Tribunal de conformidad a lo establecido en el artículo 22.   

REFORMA 2

En la decisión de los jueces letrados se requiere la mayoría de los dos tercios para condenar (2 de los 3 jueces del tribunal). En el juicio por jurados, también se debería exigir los dos tercios de los votos (8 de los 12 jurados) para obtener la condena.

No hay razones valederas para exigir una proporción mayor de votos cuando el que decide es el jurado (la ley actual requiere 10 de los 12, o la unanimidad si la pena es perpetua). Si se parte de la premisa de que el jurado está capacitado para cumplir con la labor que se le encomienda (lo cual presupone la ley de jurados), no debería modificarse la mayoría necesaria para decidir la culpabilidad.

Una mayoría calificada para obtener la condena (como la que prevé la actual legislación) sólo obedece a la voluntad legislativa de otorgar un privilegio en favor del reo que es indebido (tal como lo demuestra la gran cantidad de veredictos de no culpabilidad que se han registrado en la provincia).

Tampoco tiene explicación que para las penas perpetuas la condena deba ser unánime del jurado y no así en las demás penas. El jurado siempre entiende en delitos gravísimos. El error judicial sería catastrófico en cualquier caso y no tiene sentido la existencia de un doble estándar. Este distingo no hace más que otorgar una herramienta extra al imputado para que especule con la elección del juicio por jurados que le da más chances de sustraerse de la pena perpetua.

De hecho, el doble parámetro de mayorías para obtener la culpabilidad produce contradicciones en los jurados que redundan en el desprestigio de la justicia penal, ya que en una misma votación, respecto de un mismo extremo legal, el jurado vota por la afirmativa y por la negativa en forma simultánea.

El procedimiento de “jurado estancado” no hace más que coaccionar a los jurados a que cambien su voto previo (lo cual es espurio y los somete a una vivencia traumática) y crea todo un trámite tan farragoso que puede derivar en la repetición del juicio penal. Por eso sería muy beneficiosa su supresión.

También resulta contrario a los principios de justicia e igualdad de armas en el proceso penal que se obligue al juez para decretar la nulidad del veredicto de culpabilidad cuando resulta manifiestamente contrario a la prueba producida en el proceso, pero le prohíba la nulidad del veredicto de no culpabilidad en el mismo supuesto. Si el veredicto es contrario a la prueba producida en el proceso, corresponde anular el veredicto, sin importar si es de culpabilidad o de no culpabilidad.

Atento lo expuesto, sería muy beneficiosa la reforma de los arts. 371 quáter y 375 bis del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires:


ARTÍCULO 371 QUÁTER: (Artículo In­corporado por Ley 14.543) Veredicto. 

1. El veredicto deberá versar, respecto de cada hecho y de cada acusado, so­bre lo atinente a:

a) La existencia del hecho en que se sustenta la acusación.

b) La eventual participación del o de los imputados en el mismo.

El veredicto de culpabilidad requerirá como mínimo de diez (10) votos afir­mativos sobre las cuestiones plantea­das. Si el delito por el que fuera califi­cado legalmente el hecho en que se sustenta la acusación tuviera prevista pena de prisión o reclusión perpetua, se requerirá unanimidad de votos afirmativos.

Si se resolviera negativamente la pri­mera cuestión, no se tratará la se­gunda.

Salvo lo dispuesto en el apartado 2), la sesión terminará cuando se obtenga un veredicto de culpabilidad, de no culpabilidad o de no culpabilidad por razones de inimputabilidad, los que no podrán incluir ningún otro aditamento o aclaración, y el formulario final será confeccionado, firmado y datado por el presidente en presencia de todo el jurado.

2. Jurado estancado. Cuando no se obtuviere el número de votos requeri­dos respecto a los interrogantes planteados en a) y/o b) del apartado anterior, se debatirá y votará nueva­mente la cuestión hasta tres (3) ve­ces.

De mantenerse la situación, el vere­dicto será de no culpabilidad, salvo que se hubieran obtenido más de ocho (8) votos afirmativos, en cuyo caso el jurado se declarará estancado, y el presidente hará saber tal cir­cunstancia al secretario.

El juez convocará inmediatamente al jurado a la sala de audiencia. Una vez presentes todas las partes, el o los imputados y la totalidad del jurado, el juez comunicará que el jurado se de­claró estancado, y le preguntará al fis­cal si habrá de continuar con el ejerci­cio de la acusación.

En caso negativo, el juez absolverá al acusado, salvo que el ofendido cons­tituido en particular damnificado sos­tenga la acusación que hubiere for­mulado el fiscal en la oportunidad del artículo 334.

En caso afirmativo, el jurado volverá a deliberar y votar las cuestiones. Si el jurado continuase estancado, se pro­cederá a su disolución, y se dispondrá la realización del juicio con otro ju­rado.

Si el nuevo jurado también se decla­rase estancado, el veredicto será de no culpabilidad.



ARTÍCULO 375 BIS: (Artículo Incorporado por Ley 14543) Sentencia en juicio por jurados.

Cuando el juicio se celebre por Tribunal de jurados, la sentencia se ajustará a las normas previstas en este código pero deberá contener el veredicto del jurado y la transcripción de las instrucciones dadas al jurado sobre las disposiciones aplicables al caso.

Si el Juez estimare que el veredicto de culpabilidad resulta manifiestamente contrario a la prueba producida en el proceso procederá por resolución fundada a decretar su nulidad, ordenando la realización de un nuevo debate con otro Tribunal. Su decisión será irrecurrible.

Si correspondiere la imposición de una pena privativa de la libertad de efectivo cumplimiento y hubiere pedido de parte, el juez podrá disponer una medida de coerción, agravar la aplicada o aumentar las condiciones a que se encuentre sometida la libertad del imputado; aún cuando el fallo no se hallare firme y en proporción al aumento verificado de peligro cierto de frustración del proceso.

ARTÍCULO 371 QUÁTER: (Texto según la reforma que se propone) Vere­dicto. 

1. El veredicto deberá versar, respecto de cada hecho y de cada acusado, so­bre lo atinente a:

a) La existencia del hecho en que se sustenta la acusación.

b) La eventual participación del o de los imputados en el mismo.

El veredicto de culpabilidad re­querirá como mínimo de ocho (8) votos afirmativos sobre las cues­tiones planteadas.

Si se resolviera negativamente la pri­mera cuestión, no se tratará la se­gunda.

La sesión de deliberación del ju­rado terminará cuando se ob­tenga un veredicto de culpabili­dad, de no culpabilidad o de no culpabilidad por razones de inim­putabilidad, los que no podrán in­cluir ningún otro aditamento o aclaración, y el formulario final será confeccionado, firmado y datado por el presidente en pre­sencia de todo el jurado.







2. Jurado estancado. Cuando no se obtuviere el número de votos requeri­dos respecto a los interrogantes planteados en a) y/o b) del apartado anterior, se debatirá y votará nueva­mente la cuestión hasta tres (3) ve­ces.

De mantenerse la situación, el vere­dicto será de no culpabilidad, salvo que se hubieran obtenido más de ocho (8) votos afirmativos, en cuyo caso el jurado se declarará estancado, y el presidente hará saber tal cir­cunstancia al secretario.

El juez convocará inmediatamente al jurado a la sala de audiencia. Una vez presentes todas las partes, el o los imputados y la totalidad del jurado, el juez comunicará que el jurado se de­claró estancado, y le preguntará al fis­cal si habrá de continuar con el ejerci­cio de la acusación.

En caso negativo, el juez absolverá al acusado, salvo que el ofendido cons­tituido en particular damnificado sos­tenga la acusación que hubiere for­mulado el fiscal en la oportunidad del artículo 334.

En caso afirmativo, el jurado volverá a deliberar y votar las cuestiones. Si el jurado continuase estancado, se pro­cederá a su disolución, y se dispondrá la realización del juicio con otro ju­rado.

Si el nuevo jurado también se decla­rase estancado, el veredicto será de no culpabilidad
.

(DEROGADO)

ARTÍCULO 375 BIS: (Texto según la reforma que se propone) Sentencia en juicio por jurados.

Cuando el juicio se celebre por Tribunal de jurados, la sentencia se ajustará a las normas previstas en este código pero deberá contener el veredicto del jurado y la transcripción de las instrucciones dadas al jurado sobre las disposiciones aplicables al caso.

Si el Juez estimare que el veredicto del jurado resulta contrario a la prueba producida en el proceso procederá por resolución fundada a decretar su nulidad, ordenando la realización de un nuevo debate con otro Tribunal. Su decisión será irrecurrible.

Si correspondiere la imposición de una pena privativa de la libertad de efectivo cumplimiento y hubiere pedido de parte, el juez podrá disponer una medida de coerción, agravar la aplicada o aumentar las condiciones a que se encuentre sometida la libertad del imputado; aún cuando el fallo no se hallare firme y en proporción al aumento verificado de peligro cierto de frustración del proceso.


REFORMA 3

La ley de juicio por jurados establece una restricción a la recurribilidad del veredicto del jurado. Es lamentable que la decisión más importante del proceso penal, que es el veredicto, no sea revisable. La irrecurribilidad pareciera que va de suyo con el sistema de jurados, ya que es imposible revisar los fundamentos de una decisión infundada.

Sin embargo, contando con el registro audio-visual del juicio, un órgano de alzada podría revisar indirectamente el juzgamiento realizado por el jurado. Es decir, como el jurado no fundamenta, no se puede evaluar su labor en modo directo, analizando la logicidad y razonabilidad de su veredicto. Pero esta evaluación sí es posible hacerla en forma indirecta, analizando la prueba producida y el veredicto al que ha arribado el jurado, para dilucidar si con la prueba del juicio es posible arribar a tal veredicto.

Por lo expuesto, sería muy beneficiosa la reforma del art. 452 y del art. 371 quáter del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires:

ARTÍCULO 452.- (Texto según Ley 14.543) Recurso del Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal po­drá recurrir:


[…]

4. En los supuestos de los artículos 448 y 449.

En el procedimiento de juicio por ju­rados, el Ministerio Público Fiscal ca­rece de legitimación para recurrir.


ARTÍCULO 371 QUÁTER: (Artículo In­corporado por Ley 14543) Veredicto.

[…]

7. Irrecurribilidad. El veredicto del ju­rado es irrecurrible. El recurso contra la sentencia condenatoria o la que im­pone una medida de seguridad, deri­vadas del veredicto de culpabilidad o del de no culpabilidad por razones de inimputabilidad, se regirá por las dis­posiciones de este Código.

La sentencia absolutoria derivada del veredicto de no culpabilidad del jurado es irrecurrible.


ARTÍCULO 452.- (Texto según la reforma que se propone) Recurso del Ministerio Pú­blico Fiscal. El Ministerio Público Fiscal podrá recurrir:

[…]

4. En los supuestos de los artículos 448 y 449.

En el procedimiento de juicio por jurados, el Ministerio Público Fis­cal carece de legitimación para recurrir. (DEROGADO)

ARTÍCULO 371 QUÁTER: (Texto según la reforma que se propone) Vere­dicto.

[…]

7. Recursos. El recurso contra el veredicto y la sentencia se regirá por las dis­posiciones de este Código.






La sentencia absolutoria derivada del veredicto de no culpabilidad del jurado es irrecurrible.
(DEROGADO)



La ley de juicio por jurados de la provincia de Buenos Aires reclama una urgente reforma legal. Lo mejor, por supuesto, sería su derogación. Pero si no se deroga o hasta tanto ello ocurra, al menos es necesario e imperioso modificar todas aquellas disposiciones que otorgan privilegios al imputado y discriminan a las víctimas.

He dejado expuesta mi humilde propuesta, que se enmarca dentro de un proyecto todavía más amplio que se puede consultar en el siguiente enlace: Proyecto de ley bonaerense para la reivindicación de los derechos de las víctimas.

* Propuesta del Dr. Carlos P. Pagliere (h.)
Juez del Tribunal Oral Criminal N° 2 de Azul
Director, autor y editor de Argentina sin Juicios por Jurado
Autor del libro Homicidio insidioso
Autor del tratado Nueva teoría del delito (en 15 tomos)

13/7/17

Juicio por jurados ¿cómo funciona?

El peor sistema de juzgamiento penal: el juicio por jurados

El juicio por jurados, que es un sistema de juzgamiento en el cual se convocan a 12 ciudadanos sorteados del padrón electoral para emitir un veredicto de "culpabilidad" o "no culpabilidad", en la provincia de Buenos Aires ya presenta graves dificultades en todos los planos y momentos de su desarrollo.

En primer lugar, la convocatoria a los candidatos a jurados es sumamente difícil. Los padrones se hallan demasiado desactualizados, las notificaciones son muy arduas porque es difícil hallar a las personas en sus domicilios y las personas no quieren concurrir (y lo hacer saber de todos los modos posibles).

El traslado de los candidatos a jurado a la sede del tribunal también es muy complicado. En el interior de la provincia, donde las distancias son importantes, no siempre hay medios de transporte que permitan viajar directamente y, el único modo de evitar que se frustren los juicios, es destacando una suerte de servicio de remises para llevar y traer a los jurados, con el costo económico y el desgaste humano que ello implica.

La cantidad de candidatos disponibles suele ser limitado, provocando como consecuencia que los mismos ciudadanos deben actuar como jurados 2, 3, 4 y hasta 5 veces el mismo año, con el fastidio e incomodidad que ello apareja.

El costo del sistema, que incluye la paga de los jurados ($1.182 por día), los viáticos, la alimentación, el alojamiento, entre otros muchos gastos, ascienden a la nada despreciable suma promedio de $50.000 por juicio, que al cabo de cada año se traduce en un gasto millonario.

La imparcialidad de los jurados se ve seriamente comprometida. Los medios de comunicación ejercen una influencia muy fuerte (la mayoría de los jurados se interioriza del caso a través de internet o los diarios), como así también las organizaciones sociales, los familiares de las víctimas o de los imputados que realizan actos y manifestaciones intimidatorias antes y durante el juicio.

La calidad del juzgamiento es muy cuestionable. Se aprecia en los jurados enormes dificultades para mantener la atención en lo que se produce en el debate, falta de concentración para poder valorar a los testigos que prestan declaración y escaso entrenamiento intelectual en general para comprender la prueba que se produce. Y cada vez que acaba un juicio, la pregunta que siempre queda flotando en el aire es: ¿el jurado entendió algo de todo lo que pasó?

La justicia del veredicto final no es de fiar y muy proclive al error judicial. Las discusiones finales son muy pobres. Suelen decidir uno o dos miembros del jurado, que se imponen sobre todos los demás. La falta de comprensión de la prueba dificulta una resolución razonada. Se termina juzgando “por la cara”, “por lo que se dice en el barrio” o eligiendo quién estuvo mejor, si el defensor o el fiscal. No es posible saber, por falta de fundamentación del jurado, si se arriba a la decisión final a conciencia o simplemente se toma una decisión cualquiera por el apuro por volver a los hogares.

El tratamiento es discriminatorio para las víctimas, por cuanto es el imputado y sólo el imputado quien decide si el juzgamiento será por jueces letrados o jurados populares (según su preferencia o estrategia). Y como el veredicto es infundado, el jurado no explica por qué se absuelve y la víctima no podrá cuestionar de ningún modo esta decisión.

Por último, el sistema está condenado al colapso. La convocatoria de los jurados produce un enorme desgaste para la administración de justicia, los juicios por jurados lentifican todo el funcionamiento de cada organismo y a medida que se vayan multiplicando estos juicios los tiempos procesales se dilatarán sensiblemente.

En suma: el juicio por jurados funciona muy mal. O para ser más exactos, directamente no funciona. Jamás lo ha hecho y jamás lo hará. El juicio por jurados es un fracaso histórico y a nivel global. Sólo brinda una justicia más cara, más lenta y más injusta. Para esto sí que funciona.

25/6/17

Ya colapsó el juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires

Por Argentina sin Juicios por Jurado

Los ciudadanos sorteados se reiteran en los juicios,
como si se tratara de jueces cuasi-profesionales

Hay una constante que se repite en todos los países del mundo que han tenido la mala idea de implementar el juicio por jurados: el sistema siempre colapsa. Y la administración de justicia bonaerense ya presenta demasiadas dificultades como para sumarle una modalidad de juzgamiento que colapsa invariablemente.

Las razones son siempre las mismas: se requiere una importante logística con la que nunca se cuenta; se entorpece el trabajo de toda la administración de justicia; el juicio por jurados es extremadamente costoso y, principalmente, los ciudadanos no quieren participar.

El resultado es siempre el mismo: o se replican las suspensiones de juicios por falta de jurados o se instituye, informalmente, un cuerpo de jurados cuasi profesional conformado por las mismas personas que durante el año intervienen una y otra vez en todos los procesos penales.

Para que se aprecie con mayor claridad la situación en la que se halla la provincia de Buenos Aires, que ya ha aquilatado dos largos años de malas experiencias, pasaré a describir todo el cuadro de la situación lo más fidedignamente posible.

En primer lugar, todo tribunal se enfrenta con la dificultad de la convocatoria de los candidatos a jurados. Para ello, se realiza un sorteo vía informática de 48 candidatos entre todos los ya preseleccionados por el Ministerio de Justicia dentro del padrón electoral.

El resultado de este sorteo es muy dispar. En ocasiones se obtienen los 48 candidatos, pero la mayoría de las veces sólo hay disponibles entre 20 o 30. En más de una ocasión el sorteo ha arrojado el resultado de cero (0), es decir, no se cuenta con ningún candidato para integrar el jurado, con lo cual no queda más alternativa que suspender el juicio desde el comienzo mismo.

De los candidatos sorteados, que como adelantamos suelen ser entre 20 o 30 candidatos, se logra notificar en una primera instancia más o menos a la mitad (el 50%), si es que se ha tenido suerte, pues para los oficiales notificadores es muy difícil encontrar al candidato en su domicilio.

Eso es lógico. Salvo que el notificador concurra en horas de la noche o en días feriados, las personas trabajan durante gran parte de la jornada. O se ausentan para hacer sus trámites. O simplemente no están. Es decir, no es fácil hallar a una persona en su vivienda.

Esto, siempre y cuando el candidato viva en el domicilio electoral. Porque se producen dos situaciones de modo cotidiano. La primera es que el padrón electoral no está debidamente actualizado y la persona que se quiere citar como jurado ya no vive en el lugar. La segunda es que la persona tiene ese domicilio, que es el familiar, pero vive en otra jurisdicción.

Respecto de los que no se han podido notificar, se pueden adoptar dos temperamentos. El primero es tenerlos por no notificados, darlos de baja y hacer un nuevo sorteo, lo cual es normalmente infructuoso si tenemos en cuenta que el primer sorteo ni siquiera ha arrojado los 48 exigidos por ley. El segundo temperamento a adoptar es mandar a rastrear a los jurados no habidos través de las fuerzas policiales.

Naturalmente, a los tribunales no les queda más alternativa (para no frustrar el juicio) que requerir colaboración a la policía para que investigue si vive el candidato en el domicilio o averigüe cuál es su actual paradero. Es decir, las fuerzas policiales, que deberían abocarse a la prevención y represión de delitos, acaban apartándose de sus funciones para poder hacer gestiones a los tribunales y llevar adelante los juicios por jurados.

Respecto de los que sí pudieron ser notificados (la otra mitad de los 20 o 30 sorteados), es imposible ser optimistas y confiar en que van a concurrir al juicio. Siempre se les requiere un número telefónico para llamarlos e instarlos a concurrir; caso contrario, el fracaso del juicio está asegurado.

Durante muchos días los empleados y funcionarios del tribunal deben comunicarse con los candidatos a jurados que hayan aportado sus números telefónicos (porque algunos se niegan). Se les debe explicar qué significa ser jurado (porque la mayoría no lo sabe) y se les debe recalcar que es una carga pública (porque la gran mayoría no quiere concurrir).

Muchos directamente se "empacan" y anuncian que no van a comparecer bajo ningún punto de vista. A pesar de que se les reconviene amablemente, en primer término, y luego se los amenaza con ser traídos compulsivamente, no todos ceden y se van perdiendo posibles jurados.

Naturalmente, es factible traer al candidato por la fuerza pública, pero el costo es muy alto. Sólo hay que imaginar cómo podría hacer su labor de juez una persona que es traído "de prepo" a los tribunales. Y ni hablar si la falta de colaboración hiciera necesario que la policía tenga que allanar el domicilio, derribando la puerta de ingreso, y traer al ciudadano a los estrados aplicando fuerza física. La realidad es que ningún juez sensato haría traer a un jurado por la fuerza pública.

Los medios que los ciudadanos ensayan para procurar sustraerse del deber de ser jurados son muchos y muy originales. Algunos notificados piden asesoramiento a algún abogado. Otros despachan cartas dirigidas al juez explicando múltiples razones por las que no podrán concurrir. También se acercan a los juzgados certificados médicos (verdaderos y dudosos), anuncios de viajes, compromisos laborales ineludibles, imposibilidades físicas, económicas y familiares, etcétera.

Todo este procedimiento de "arreo" de los candidatos a jurados se extiende durante los 40 días, establecidos por la reglamentación, para poder comenzar con la organización del juicio por jurados. Esto, naturalmente, produce un considerable desgaste en todos los operadores de la administración de justicia y en los agentes de las fuerzas policiales.

Pero los inconvenientes recién comienzan. Los departamentos judiciales, especialmente en el interior de la provincia de Buenos Aires, son muy extendidos. Muchos de los candidatos a jurados viven a 100, 200 y hasta 300 kilómetros de distancia de la sede de los tribunales. Y viajar se transforma en un gran problema.

Quienes no poseen movilidad, por carecer de vehículo propio o capacidad económica, deben concurrir en un transporte público y someterse a las incomodidades de un largo viaje. Pero el horario de la llegada de los micros no siempre coincide con el horario de la convocatoria al juicio.

Además, los viáticos que paga el estado no cubren el monto para hacerse traer por un remís. Y el pago del trasporte recién se reintegra cuando el candidato llega a la sede de los tribunales, debiendo los ciudadanos hacer una erogación dineraria previa que no siempre pueden afrontar.

Los tribunales, para no frustrar los juicios, no tienen más alternativa que convocar a los choferes del poder judicial para que trasladen a los candidatos a jurados. Esto produce gastos de combustible y entorpece nuevamente la administración de justicia, pues los choferes ya no pueden estar a disposición de los operadores de la justicia para realizar las labores que verdaderamente deben cumplir.

Cuando las distancias son grandes, los choferes no pueden —al menos no sin peligro para la seguridad vial— viajar durante la noche, recoger al jurado y regresar en las primeras horas de la mañana. Por lo que deben viajar el día anterior y permanecer en un hotel, para volver al otro día con los jurados. El traslado de los jurados, incluso tomando todas las precauciones posibles, de todos modos suma el riesgo de posibles siniestros que pudieren ocurrir en las rutas y las eventuales responsabilidades que se pudieren originar.

No sólo el problema es la llegada a los estrados, sino también la vuelta a los hogares (por lo que muchas veces también hay que destacar choferes), si es que no resulta imposible (por el horario de la culminación de la audiencia) que obliga a alojar a algunos jurados en hoteles, con el enorme costo que ello implica.

Todos estos inconvenientes se repiten durante todas las jornadas que dura el juicio, que se puede extender por varios días.

Como los candidatos de los padrones suelen ser limitados, las personas se repiten una y otra vez. De modo que los mismos ciudadanos están siendo citados en 3, 4, 5 o más ocasiones. Las quejas, naturalmente, son constantes. Ni bien se los contacta ya expresan su disconformidad, porque nadie se complace de ser convocado una vez cada mes para ser jurado.

En algunos casos los candidatos concurren a la citación pero quedan descartados en el proceso de selección. En otras ocasiones participan en el juicio y dictan veredicto, y al mes siguiente son citados de nuevo, y dictan otro veredicto. Y así se transforman en jueces cuasi profesionales.

Según la ley de jurados, hasta que no transcurran los tres años no se puede ser jurado nuevamente, pero en la actualidad esta disposición no tiene aplicabilidad real, porque si no se obligara a los ciudadanos a ser jurados en más de una ocasión, no se podrían llevar a cabo los juicios.

Si los juicios se suspenden y posponen indefinidamente, y el imputado se encuentra con prisión preventiva, llega un momento en que los jueces se hallan obligados a conceder la excarcelación por excederse en el plazo razonable en que se debe culminar el proceso penal.

Hay que decir que los jueces —que tienen verdadera vocación de garantizar la mejor administración de justicia— acuden a todos los medios a su alcance para evitar que un juicio se frustre. Ordenan que se realicen sorteos de última hora para ampliar la cantidad de candidatos a jurados. Disponen la comunicación telefónica permanente con los candidatos hasta que se comprometan a comparecer. Obligan a las fuerzas policiales a que colaboren en todas las diligencias necesarias para rastrear, notificar y hacer traer a los jurados. Hacen recoger y devolver a los jurados a sus propios domicilios. Recomiendan a las partes que no realicen recusaciones innecesarias, sólo porque tengan la posibilidad de hacerlas. Inician el juicio con menos cantidad de jurados suplentes que los fijados por ley o sin jurados suplentes (siempre que las partes lo consientan). Y reducen al mínimo las jornadas de debate. Pero todas estas medidas extremas y de emergencia no hacen más que maquillar el colapso del sistema.

El gasto promedio por cada jornada de juicio por jurados (que puede durar varios días) es de $50.000, entre viáticos, comida, alojamiento y remuneración. La pregunta es ¿para qué? El tiempo de perturbación a la administración de justicia es casi permanente. La pregunta es ¿para qué? Las molestias a los ciudadanos son reiteradas y en el lapso de pocos meses. Nuevamente, la pregunta es ¿para qué?

Los tribunales se hacen menos expeditivos por el enorme cúmulo de trabajo que implica la realización de juicios por jurados. Los debates ya se han empezado a suspender por falta de jurados. Los ciudadanos pasaron del entusiasmo de la novedad, al tedio de la cotidianidad.

Quieran o no admitirlo las autoridades políticas y judiciales, lo cierto es que el sistema de juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires ya colapsó. Y era previsible, pues como lo adelanté al comenzar este artículo, ha fracasado en todos y cada uno de los lugares del mundo en que se ha implementado este sistema de juzgamiento penal.

Lo extraordinario del caso es que se está impulsando la implementación de juicios por jurados a lo largo y lo ancho del territorio nacional. Me permito darles un sincero consejo a los legisladores de todas las provincias del país: antes de implementar el juicio por jurados, piénsenlo una y mil veces.

1/6/17

La falta de legitimidad del jurado

Por Argentina sin Juicios por Jurado

La crisis de legitimidad del jurado reflejada en una estadística periodística

Uno de los argumentos más invocados para justificar la implementación del juicio por jurados es que la decisión de doce ciudadanos en materia penal brindaría mayor legitimidad a la justicia. Sin embargo, es precisamente la falta de legitimidad lo que caracteriza al jurado.

La legitimidad está vinculada a la idoneidad personal, prestigio profesional y preparación intelectual de quien toma la decisión judicial. Lo que permite es una mayor y más madura aceptación social de las decisiones judiciales.

La primer fuente de legitimidad de las decisiones está dada por la representatividad democrática. Es decir, la sociedad considera legítimas las decisiones tomadas por aquellas personas que representan a la población (p.ej., el presidente elegido por voto popular).

El problema es que el jurado no representa al pueblo, ya que sus miembros no han sido elegidos por nadie. Nadie los vota. Nadie los testea. Nadie los conoce hasta que empiezan a intervenir en el proceso penal. El jurado puede ser el mismo vecino que arroja la basura en la vereda ajena; que utiliza indebidamente los estacionamientos para discapacitados; que hace ruidos molestos hasta altas horas de la noche.

Quienes promueven el juicio por jurados argumentan que no importa que el jurado no sea elegido por el pueblo, porque el jurado mismo es el "pueblo" y, a diferencia de los jueces (que no son el pueblo), la decisión del jurado posee legitimación democrática. Tal afirmación es un sofisma descarado.

El jurado no es el "pueblo", sino que son doce ciudadanos surgidos al azar en el padrón electoral. Sus decisiones pueden coincidir con los valores sociales de la república o ser absolutamente contrarios, por que nadie los elige, porque carecen de conocimientos, preparación, experiencia o formación.

Si el jurado fuese el "pueblo", bastaría con sortear a doce ciudadanos del padrón electoral para ellos solos elijan al presidente de la Nación. O a estos doce sorteados le podríamos otorgar la potestad de legislar. Pero nadie aceptaría semejantes disparates, precisamente porque todos sabemos que doce personas surgidas al azar del padrón electoral no son el "pueblo".

El "pueblo", a fin de cuentas, es una abstracción que alude a la mayoría de la voluntad popular (el 50% más uno de los votos). Y es evidente que el jurado no es la mayoría de la voluntad popular (sino que son doce individuos cualquiera surgidos de un sorteo).

El jurado ni siquiera estadísticamente puede representar esa voluntad popular, ya que en la decisión de un solo jurado suele determinar la decisión judicial final (p.ej., en el delito de homicidio calificado sólo se puede condenar con el voto unánime de los doce jurados).

La otra fuente de legitimidad de las decisiones la brinda la autoridad técnica. Es decir, las personas estiman legítimas las decisiones tomadas por las personas que tienen conocimientos sobre una materia, que han acumulado experiencia, que han sido formadas para decidir.

El jurado carece de esta legitimidad. Los doce miembros del jurado se caracterizan por adolecer de todo conocimiento jurídico-penal. Son doce personas que no se las elige por sus capacidades, sino que surgen del azar. La persona más insensata del jurado es la que, a fin de cuentas, va a tomar la decisión final (recordemos que en los delitos con prisión perpetua un solo jurado decide la absolución del imputado).

Es por estas razones que, cuando las decisiones del jurado son resistidas por la opinión pública, la reacción popular es mucho más airada, más extrema. La población se indigna al saber que una decisión judicial ha sido tomada por doce perfectos extraños que carecen de toda cualidad o capacidad demostrable para juzgar.

Por último, la última fuente de legitimidad la brinda la racionalidad de las decisiones. Es decir, un fallo que es razonado y lógico, que al ser leído permite evaluar la decisión judicial, hace que el mismo sea legítimo.

El problema es que, a diferencia de los jueces, que brindan un fallo fundado, los jurados dictan su veredicto de forma infundada, arbitraria, despótica. Nunca nadie jamás puede saber qué evaluó un jurado al tomar su decisión. No es posible saber si el fallo es producto de la estupidez más supina, o de prejuicios, o de defectos de razonamientos, o de arrebatos intelectuales, o de presiones mediáticas, o de miedo, etcétera.

Naturalmente, el imputado que es condenado y no se le dice por qué, tiende a exigir que alguien le dé una explicación (la cual nadie le puede dar). Lo mismo ocurre con las víctimas o sus familiares, a quienes no sólo les imponen el juicio por jurados, sino que encima tienen que tolerar una absolución en que el jurado no les explica nada de nada.

Es muy normal ver a las víctimas o sus familiares devastados pidiendo que alguien les explique por qué el presunto violador, asesino o secuestrador ha sido absuelto. Pero, por supuesto, nunca jamás sabrán qué pasó verdaderamente por la mente de los jurados.

En síntesis, aunque los juradistas se esfuercen en negarlo, los jueces poseen mayor legitimidad democrática, técnica y racional.

La legitimidad democrática proviene de que los jueces son elegidos (a diferencia del jurado que surge al azar) por los representantes del pueblo (por el Senado y el Poder Ejecutivo, sea el Presidente o los Gobernadores de las provincias).

La legitimidad técnica de los jueces proviene de sus estudios, preparación, formación y experiencia en el derecho penal. A diferencia del jurado, que se caracteriza por la carencia de todo conocimiento, los jueces son profesionales en la ciencia de juzgar.

La legitimidad racional proviene del fallo fundado que brindan los jueces, que permite a cualquier ciudadano saber cómo ha juzgado el magistrado y por qué lo ha hecho de esa forma y no de otra. Esto permite evaluar la logicidad y racionalidad de su decisión, que es un presupuesto irrenunciable del Estado de Derecho. 

9/5/17

Peligro para la integridad física y psíquica de los jurados

Por Argentina sin Juicios por Jurado

Film que trata sobre la coacción a un miembro del jurado

La integridad física y psíquica de los jurados es una cuestión que siempre se descuida. En el afán de implementar el demagógico sistema de juicio por jurados, no se evalúa de modo serio el impacto que habrá de producir el mismo sobre los futuros miembros del jurado.

Una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos que son o pueden llegar a ser candidatos a actuar como jurados es la seguridad personal. A quienes se los obliga a actuar como jurados temen que el imputado (y sus familiares) o las víctimas (y sus familiares) tomen represalias.

Para la ciudadanía la propia seguridad (y la de sus seres queridos) es un tema principal. La mayor reticencia de la población a participar como jurados es, sin duda, por este motivo. Los ciudadanos, que frecuentemente han sido víctimas de hechos de inseguridad, temen también ser víctimas de alguna revancha motivada en el veredicto que dicten al actuar como jurados en un juicio criminal.

No se trata, por cierto, de una cuestión menor, porque la falta de seguridad personal puede influir en el veredicto del jurado y volcar indebidamente el juzgamiento hacia una condena o absolución, aunque sean contrarios a la prueba producida. Un jurado coaccionado, ante la perspectiva de sufrir represalias, tal vez se incline por un veredicto injusto

Tampoco es menor el peligro que se corre de victimizar a los jurados al obligarlos a juzgar en causas criminales. Ni tampoco es infundado el miedo de los ciudadanos a ser jurados. Hay que reconocer que los miembros del jurado son personas más vulnerables a las agresiones físicas y verbales. Y lo son por muchos factores que no siempre se tienen cuenta.

En primer lugar, los jurados son personas físicamente más vulnerables que los jueces. Los jueces no son tan numerosos e intervienen en muchos procesos, lo cual hace posible su custodia, incluso por tiempos prolongados. Además, su número limitado permite desplegar investigaciones a los fines de dar con los autores de las amenazas y así hacer cesar la situación anómala.

Distinto es el caso de los jurados. Es prácticamente imposible garantizar la integridad física de todas las personas que actúan como jurados. En un solo juicio tenemos a 12 personas a las cuales potencialmente se debería proteger. Y por cada siguiente juicio criminal serían otras 12 personas diferentes. Las fuerzas policiales no darían abasto para garantizar la integridad física y psíquica de todos los jurados y sus familiares.

En segundo lugar, los jurados son personas psíquicamente más vulnerables que los jueces. Los jueces están habituados al trato con los malvivientes. En más de una ocasión han recibido insultos o amenazas por parte de ellos o sus familiares, pero saben que tienen la autoridad para hacer cesar tales actos y los recursos para garantizar la propia seguridad, lo cual les brinda una mayor tranquilidad psíquica.

En el caso de los jurados, para ellos toda la situación es nueva. No están acostumbrados a los insultos ni las amenazas, y tampoco tienen la autoridad ni los recursos para poder sobrellevar la situación. Es muy grande la presión que ejerce sobre los jurados la coacción del imputado (y sus familiares) o de la víctima (y sus familiares).

Tampoco es menor el peso de la responsabilidad que implica juzgar a una persona (que la mayoría de los jurados no sabe sobrellevar). Un juicio es muchas veces un evento traumático para los jurados, que no saben bien cómo afrontar una situación sobre la que no tienen control y que es absolutamente inesperada. «Es un shock y el shock produce trauma», advierte la psicóloga social e investigadora de la Universidad de la Coruña Adina Dumitru. «El participar, incluso aunque solo sea como testigo, de eventos tan dramáticos y horrendos siempre deja una huella y, al menos momentáneamente, trastorna», añade. Provocan con frecuencia que durante los días que se celebra la vista oral los jurados padecen insomnio o problemas gástricos. Estudios en EE.UU. señalan que en sus casos más extremos pueden llegar incluso a las fobias».

Por último, los jurados son personas funcionalmente más vulnerables que los jueces. El cargo funcional brinda cierta protección a los jueces. Los imputados (y sus familiares) y las víctimas (y sus familiares) actúan con mayor respeto ante su investidura. Saben que si el juez recibe una intimidación psíquica o física, tiene la autoridad y los recursos para perseguir y hacer cesar tales inconductas.

Los jurados, por el contrario, carecen de algún cargo funcional que actúe de escudo contra los prepotentes. Y también carecen de la autoridad y los recursos para poner freno a la intimidación y las represalias. El imputado (y sus familiares) y la víctima (y sus familiares) saben que no es lo mismo coaccionar a un juez que a un vecino cualquiera. Y los frenos a estas inconductas son, por ende, mucho menores.

Los gobernantes que han impuesto a los ciudadanos la obligación de impartir justicia, no debieran desentenderse de su integridad física y psíquica. Los jurados habrán de afrontar los peligros inherentes a la obligación legal a la que han sido sometidos, y merecen que se les brinde la protección física y psíquica adecuada.

Es presumible que el sistema de juicio por jurados habrá de provocar una mayor cantidad de víctimas de juzgamientos erróneos (los errores judiciales se han multiplicado en todos los países en que se ha aplicado este sistema). Sería muy bueno tomar todas las medidas de seguridad adecuadas para evitar que ―además de perjudicar a los justiciables― se ponga en peligro la integridad física y psíquica de los jurados.

Máxime cuando sobran los antecedentes en que el miedo de los miembros del jurado ha tomado un total protagonismo en el juicio por jurados.

En primer lugar, existen casos registrados en que el juicio por jurados se frustra por el miedo que siente el jurado popular. En Argentina, más precisamente en la provincia de Buenos Aires, por primera vez el temor de los jurados ha frustrado la realización de un juicio por narcotráfico. 

No faltan tampoco casos comprobados de jurados en peligro. En Argentina tenemos varios ejemplos. Se registra al menos un caso en Córdoba en el proceso seguido contra Leandro Funes y otro muy reciente en Neuquén en el caso en el que Andrés Cahimpán fue acusado del homicidio de Rodolfo Oscar Barría. Los jurados también han sufrido amenazas y otros eventos traumáticos en España, en Nicaragua, en Panamá y en El Salvador.

También hay casos comprobados de juicios condicionados por el miedo. En Argentina tenemos un muy reciente ejemplo en Neuquén en el caso del homicidio del pequeño Rodrigo Gallardo y en España es célebre el caso seguido contra Mikel Otegi, miembro de E.T.A., que tuvo en vilo al jurado durante todo el juicio. Los casos más graves se han producido en Panamá, donde el temor ha influido en más de un veredicto.

En todos los casos tomamos ejemplos de países de habla hispana y en los que el juicio por jurados es relativamente reciente. En los países de tradición juradista, como Reino Unido y EE.UU., sería totalmente imposible recolectar la inmensa cantidad de casos en que los jurados han padecido situaciones de peligro para sus personas.

El juicio por jurados introduce serias amenazas y situaciones traumáticas a los miembros de los jurados populares. ¿Cuál sería la medida más efectiva para garantizar la integridad física y psíquica de los jurados? Sin lugar a dudas: suprimir el juicio por jurados.

21/4/17

Mayorías simples y calificadas y los veredictos contradictorios

Por Argentina sin Juicios por Jurado

Mayorías simples y calificadas: el jurado dice "sí pero no"

La técnica legislativa del juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires deja mucho que desear. Es por ello que no sorprende el desatino en que se ha incurrido al prever mayorías diferentes según la pena del delito bajo juzgamiento.

El art. 371 quáter del C.P.P.B.A establece: “El veredicto de culpabilidad requerirá como mínimo de diez (10) votos afirmativos sobre las cuestiones planteadas. Si el delito por el que fuera calificado legalmente el hecho en que se sustenta la acusación tuviera prevista pena de prisión o reclusión perpetua, se requerirá unanimidad de votos afirmativos”. Este doble parámetro desconoce la gradualidad de ciertos delitos en el código penal y expone a la justicia penal a veredictos contradictorios.

Por poner el ejemplo más corriente, el homicidio calificado es un homicidio simple cometido bajo alguna circunstancia agravante. Es decir, se debe configurar ante todo un homicidio simple, y luego la circunstancia agravante que califica el delito.

El problema se suscita cuando el delito acusado por la Fiscalía es un homicidio calificado, que prevé prisión o reclusión perpetua. Para obtener condena, se deben acreditar todos los extremos fácticos de la figura penal a través del voto unánime de los doce (12) jurados.

En primer lugar, se debe probar que el acusado mató a la víctima. Luego, la circunstancia agravante (p.ej., la alevosía). Si cualquiera de estos extremos fácticos no obtienen el voto de los doce (12) jurados, no resulta posible condenar por el homicidio calificado.

Ahora bien, supongamos que el homicidio se acredita con el voto de sólo diez (10) votos del jurado, entonces no se podrá condenar por homicidio calificado por alevosía. Pero sí podrá condenarse por el homicidio simple, incluso aunque la alevosía se haya acreditado con doce (12) votos.

¿Absurdo, no? Porque el jurado tiene por probados los extremos fácticos de la figura del homicidio calificado, pero por la simple razón de que el primero de ellos no obtiene la unanimidad, sino la mayoría de diez (10) votos, sólo se puede condenar por homicidio simple.

Alguien sensato preguntará: “¿Cómo es posible? ¿Acaso no se probó que el acusado mató a la víctima?”. Y la respuesta será: “Sí”. ¿Y acaso no se probó la alevosía?” Y la respuesta será: “Sí”. “Entonces —interrogará el sensato— ¿por qué no se condena al reo por homicidio calificado por alevosía?”. Y la respuesta será: “Porque no se acreditó el homicidio por el voto unánime”. “Pero —objetará el sensato— igual se lo condena por homicidio simple. ¿En qué quedamos? ¿Se acreditó o no el homicidio?”.

Si el jurado dice que el acusado mató a la víctima, hay que condenar por homicidio (sea simple o calificado). Y si el jurado dice que el acusado no mató a la víctima, no se puede condenar por homicidio (sea simple o calificado). Lo que no se puede hacer, bajo ningún punto de vista, es lo que hace la ley: ¡considerar que el mismo jurado, con una misma votación, a un mismo tiempo acredita o no acredita el homicidio, según si el homicidio es simple o calificado!

La contradicción es flagrante. La lógica más elemental nos indica que un mismo hecho o se acredita o no se acredita. No hay medias tintas. No existe lugar para el "sí, pero no". En una misma votación, el jurado no puede, a una misma pregunta, dar una respuesta que es distinta según la mayor o menor pena que se deba aplicar.

La ley de juicio por jurados de la provincia de Buenos Aires es esquizofrénica. Permite que el jurado afirme y niegue una misma cosa a un mismo tiempo. Además de violar todos los principios de la lógica, el descrédito para la justicia será total