29/8/17

Estadísticas falsas y encuestas mentirosas sobre el juicio por jurados

Por Argentina sin Juicios por Jurado

Las estadísticas y los datos sobre el juicio por jurados se manipulan para justificar este nefasto y oscurantista sistema de juzgamiento penal

El juicio por jurados es un fracaso rotundo en la provincia de Buenos Aires (y también en el resto del país). Lo demuestran las estadísticas verdaderas y los números reales de lo que ha ocurrido desde que, hace ya tres años, la ley 14.543 de jurados entró en vigor.

Sin embargo, quienes han promocionado su injerto en el país y se han aprovechado económica o políticamente de su implementación acuden a estadísticas que no son verdaderas y encuestas poco fiables para obtener conclusiones sesgadas y afirmar la falsedad de que el juicio por jurados es un éxito.

Haremos un repaso de cada una de las afirmaciones falsas y tendenciosas para revelar en dónde está la trampa:

1) «El juicio por jurados es un éxito total porque se hicieron 143 juicios por jurados en toda la Provincia». La pregunta obvia es ¿dónde está el éxito?

Los tribunales orales de la provincia de Buenos Aires son 76 en total. Si dividimos los 143 juicios por la cantidad de tribunales, nos arroja como resultado que hubo menos de 2 juicios por jurados por cada tribunal en el transcurso de 3 años. ¡Qué exitazo! (y me disculpo por el sarcasmo).

Como no somos desleales, concedemos que si bien la ley entró en vigencia hace tres años, es natural que el primer año arroje pocos debates por el tiempo que requiere la puesta en funcionamiento del sistema. De modo que, actuando de buena fe, haremos de cuenta que el juicio por jurados tiene una vigencia de sólo 2 años.

Así y todo, la triste conclusión es que, en promedio, cada tribunal de la provincia de Buenos Aires hizo un solo juicio por jurados por año. ¿Puede alguien sensato afirmar sinceramente que es un éxito hacer un solo juicio por jurados por año?

A la vez, cada tribunal hace un promedio de 40 juicios orales tradicionales (con jueces letrados) por año, lo cual demuestra que las falencias y complejidades del sistema de jurados lentifica la administración de justicia y la hace menos eficiente

El único éxito, en verdad, ha sido económico, porque cada juicio por jurados tiene un costo extra para la provincia de $50.000 por cada jornada y el actual despilfarro de quince millones de pesos ($15.000.000) que se calcula que han costado estos 143 juicios, pudo haber sido mucho mayor en caso de realizarse más debates de esta índole.

2) «Ningún juicio se frustró por falta de jurados». Esta afirmación no es verdadera y carece de fundamento en estadísticas oficiales. Es un hecho constatado que se han suspendido muchos juicios por falta de jurados. La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires (S.C.J.B.A.) consigna en su página web los resultados de los juicios por jurados realizados, lo cual no significa que no haya debates frustrados.

Aunque nadie lo quiere admitir públicamente, la mayoría de los magistrados consideran que ya colapsó el juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires. Y la única razón por la cual no se frustran más debates y la situación no se ha tornado catastrófica se debe al enorme esfuerzo de los jueces, que acuden a todos los medios a su alcance para lograr que un juicio se lleve adelante.

En tal sentido, los jueces: Ordenan que se realicen sorteos de última hora para ampliar la cantidad de candidatos a jurados. Disponen la comunicación telefónica permanente con los candidatos hasta que se comprometan a comparecer. Obligan a las fuerzas policiales a que colaboren en todas las diligencias necesarias para rastrear, notificar y hacer traer a los jurados. Hacen recoger y devolver a los jurados a sus propios domicilios. Recomiendan a las partes que no realicen recusaciones innecesarias, sólo porque tengan la posibilidad de hacerlas. Inician el juicio con menos cantidad de jurados suplentes que los fijados por ley o sin jurados suplentes (siempre que las partes lo consientan). Y reducen al mínimo las jornadas de debate. Pero todas estas medidas extremas y de emergencia no hacen más que maquillar el colapso del sistema.

3) «El 80% de los jurados mejoraron su imagen de la justicia». Esta encuesta que se realiza a los jurados es falaz por varias razones.

En primer lugar, sólo se les consulta a los jurados que han concurrido a la convocatoria. Y no sólo eso: sólo se encuesta a los 12 que han participado en el debate y veredicto final. Es decir, de los 48 convocados inicialmente, sólo se encuesta a 12, es decir, nada más que el 25%.

Y no es casual que así se haga, porque nadie quiere admitir que el juicio por jurados es un decepcionante fracaso. Lo que se procura es, naturalmente, obtener números que justifiquen el desacierto de haber implementado el funesto sistema de juicio por jurados. ¿De qué modo? Del siguiente:

De los 48 convocados al juicio, suelen concurrir, como mucho, 30 candidatos (y sólo si se los llama telefónicamente y se los conmina a concurrir). Es decir, ya hay al menos 18 candidatos cuyo compromiso con la justicia no es muy fuerte. El número de los inasistentes es el verdaderamente importante (y que se soslaya), porque ellos revelan el desinterés de la población por la administración de justicia.

De los 30 candidatos asistentes (que insisto suelen ser menos), 12 son excusados, recusados o excluidos por el sorteo, de modo que se retiran de los tribunales antes de comenzar el juicio. Estos 12 candidatos a jurados, naturalmente, no son interrogados de su experiencia personal, ya que luego de una citación a la que acuden inútilmente, ninguno se retira muy contento que digamos.

Luego quedan los 18 miembros del jurado, de los cuales 6 son suplentes. Estos suplementes no participan de la deliberación, de modo que su intervención en el transcurso de todo el debate oral resulta absolutamente infructuosa. Presencian todo el juicio y luego son desafectados y, naturalmente, no suelen quedar muy conformes con esa pérdida de tiempo.

Por último, de los 12 jurados que finalmente deliberan, ¡al menos 2 de ellos no se lleva una mejor imagen de la justicia!

Como conclusión: de los 48 candidatos iniciales, sólo 10 se llevan una mejor imagen de la justicia, es decir, tan sólo un 20% queda conforme con el juicio por jurados y un 80% disconforme. La verdad es que no se trata de datos que permitan celebrar nada…

Sin contar con que, desde el comienzo, ¿qué importa si los miembros del jurado se van o no contentos? Lo importante siempre es que se haga justicia, lo cual un jurado no garantiza de ningún modo. Si el jurado cometió un error judicial (lo cual es harto frecuente en este oscurantista sistema de juzgamiento), ¿tiene alguna importancia que se vayan los 12 jurados orgullosos de su labor? Seguramente al imputado que ha sido mal condenado o a la víctima que no ha obtenido una justa condena les importe muy poco la imagen de justicia que se lleven los jurados.

4) «El 97% de los jurados encuestados detallaron que no tuvieron inconvenientes para comprender las instrucciones legales del juez ni las exposiciones de las partes». La pregunta inmediata es: ¿alguien testea si el jurado comprendió algo? La realidad es que no.

Nadie examina a los jurados para indagar qué entendieron y evaluar así si entendieron algo. Tal vez los jurados crean que entendieron algo y no lo hicieron. O tal vez entendieron algo, pero todo lo contrario a lo que debieron entender. O tal vez no entendieron nada, pero al ser interrogados, luego de haber juzgado a una persona, por pudor no lo quieran revelar (¡es inimaginable que un jurado confiese: “yo condené/absolví al imputado pero la verdad es que no entendí nada de lo que pasó!).

Los jurados son meros espectadores en el juicio. No pueden preguntar nada, ni siquiera expresar que no entendieron algo. Mientras que los jueces letrados tienen la facultad de realizar “preguntas aclaratorias” para disipar dudas (que son fundamentales en todo debate ya que es normal que algo no se escuche, o no se escuche bien, o no se exprese claramente), el jurado en cambio nada puede hacer si no entendió algo, o si duda sobre lo que creyó entender, o si le gustaría cerciorarse de que lo que entendió realmente es lo correcto.

5) «Los jueces se han sorprendido por la seriedad y responsabilidad con que los jurados tomaron su tarea». A gran parte de los jueces, en realidad, lo único que les sorprende es la poca seriedad y responsabilidad de los legisladores que han votado por la implementación del juicio por jurados.

La realidad es que carece de relevancia que el jurado se tome su labor de forma seria y responsable si no están capacitados para impartir verdadera justicia. ¿Al imputado inocente qué le puede importar que el jurado que lo condena erróneamente lo haga de modo serio y responsable? ¿Y a la víctima que le habrá de importar que el jurado absuelva seria y responsablemente al imputado que mereció una condena?

6) «Los jurados no se vieron influenciados por los medios de comunicación». Se trata de una afirmación inverificable. ¿Cómo es posible saber si tal influencia ha ocurrido o no?

Es obvio que los jurados no lo van a admitir aunque se hayan visto enormemente influenciados. Y la realidad es que los jurados populares son infinitamente más permeables a la influencia de los medios de comunicación que los jueces letrados.

7) «La mayoría de los veredictos de los jurados fueron unánimes». Se trata de una afirmación que no se verifica en los hechos.

Todo lo contrario. La mayoría de los veredictos condenatorios no son unánimes, sino que hay alguna disidencia. De hecho, no hay muchas condenas perpetuas en juicios por jurados, precisamente porque requieren la unanimidad y es muy difícil arribar a ella.

Por otro lado, los veredictos absolutorios tampoco son unánimes. Ocurre en ocasiones que los dos tercios del jurado vota por la condena (es decir, 8 de 12 jurados), pero eso no alcanza para condenar (la condena requiere 10 de los 12 votos o la unanimidad en caso de condena perpetua).

La afirmación de que la mayoría de los veredictos de los jurados fueron unánimes, en realidad, nos revela un sesgo ideológico. Quienes han promocionado el juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires son ideológicamente partidarios del reduccionismo o abolicionismo penal. De tal modo procuran instalar la idea de que los jurados fallan de modo unánime (lo cual es falso) para luego impulsar una reforma de la ley de jurados que exija la unanimidad en todas las condenas y así obtener una justicia penal más laxa.

Esta falsedad, asimismo, está dirigida a las nuevas provincias que quieren implementar el juicio por jurados, a los fines de que establezcan en la ley la necesidad de la unanimidad del veredicto y, de tal forma, reducir el poder punitivo y dar más chances de impunidad.

Pero la lógica nos indica que, si para la condena de los jueces técnicos se necesitan sólo los dos tercios de los votos (2 de los 3 jueces), el mismo porcentaje debería ser necesario para una condena por jurados (8 de los 12 jurados) y no la unanimidad. Requerir el 100% de los votos positivos para una condena por jurados populares y sólo el 66,6% de los votos positivos para una condena por jueces letrados, evidencia una distinción carente de fundamentos y deliberadamente direccionada a favorecer indebidamente a los acusados de delitos.

8) «La gran mayoría de las veces, los jueces coincidieron con los veredictos de los jurados». Esto es absolutamente subjetivo.

A veces los jueces coinciden con el criterio del jurado y otras muchas veces no, ya que el jurado no pocas veces forma convicción a través de elementos que son totalmente ajenos a la prueba relevante o también por prejuicios y elementos absolutamente inatinentes al caso. Sin contar con que, al no fundamentar el jurado las razones por las cuales condena o absuelve, es virtualmente imposible saber si emiten o no un veredicto adecuado.

En suma, los datos que se publican sobre el juicio por jurados son falsos, engañosos y deliberadamente manipulados. Procuran justificar una ley nefasta que no sólo ha empobrecido a la justicia penal, sino que además la ha hecho más cara, más lenta e ineficaz.

Lo más triste del caso es que la manipulación de la información no tiene otra intencionalidad más que sostener obstinadamente un sistema de juzgamiento que ha destruido la garantía republicana más importante de la justicia, que es que la persona juzgada y la sociedad puedan conocer los motivos y las fundamentaciones de la condena o absolución.

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